Por Ángel GÓMEZ SAN JOSÉ. Abogado. Secretario de Formación de APROED
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que salió adelante con 181 votos a favor, 140 en contra y una abstención, y que ya ha entrado en vigor en Ceuta y Melilla (si bien el resto de la Península no lo hará hasta el 1 de Julio), sustituye a la hasta ahora vigente, que databa de 1992 y que era la llamada ‘Ley Corcuera’ y acaba con una nueva oportunidad de restaurar el consenso político que merece una norma de gran calado en los derechos y libertades, como la presente.
Al igual que ocurriera con el Código Penal, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana carece de justificación social real alguna, más allá del deseo político de vender una mejora de la seguridad ciudadana de todo punto innecesaria y que atiende más a otros oscuros fines del legislador en el poder, que cercenan derechos y libertades amparados constitucionalmente que la sociedad española ha venido consiguiendo desde tiempos memorizados en blanco y negro, y por los que algunos pagaron un alto precio, no solo político.